Tarjetas Monex repartidas a Soriana. Foto: Proceso.
Publicado en la Revista Contralinea
Durante un buen tiempo, en la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto se desmintió que una serie de
empresas utilizaran tarjetas Monex para diversos fines. La refutación
venía de los dirigentes tricolores y de las consideradas “plumas
del PRI (Partido Revolucionario Institucional)”, mismas que cambian
según la ocasión; en este último caso, son diversos columnistas que
desacreditan a quien ose criticar al partido político más longevo de
México.
Algunos
comunicadores, especialmente Carmen Aristegui, hablaban de esas formas
de pagar los servicios más extraños. Eran, se decía a través de los plumíferos,
inventos para atacar al abanderado que ganaría incluso antes de iniciar
la contienda de 2012. Hasta que en una entrevista radiofónica, el
actual procurador General de la República, entonces parte del equipo
peñista, Jesús Murillo Karam, dijo que sí existía una forma muy
elaborada para darle lana a los operadores generales y a otros cuadros
del PRI. La operación era encabezada por Monex.
Luego la polémica siguió acerca de si
esos arreglos financieros eran de procedencia lícita o ilícita. No se
olvide que en México se lavan 10 mil millones de dólares al año,
básicamente del narcotráfico, y que hay agrupaciones, como el banco
HSBC, que han sido multadas ampliamente por esos ilícitos en Estados
Unidos, aunque en México se les castiga con el aleteo de una mosca.
Ahora sabemos, gracias a la Unidad de
Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) que, en efecto, no
únicamente Monex operó a favor del antiguo partidazo, sino que
muchas de las empresas que se mencionaron (Efra, Inizzio, Alkino y otras
más), participaron en esta novedosa forma de gastar millones de pesos.
Aunque según esa oficina electoral no hubo nada irregular en los
emolumentos que se hicieron antes de julio de 2012.
Al seguir con el razonamiento de los
muchachos que despachan por el Sur del Distrito Federal, lo máximo que
ocurrirá es que el PRI reciba una sanción económica por haberse excedido
en sus gastos de campaña. Nada más. Es decir, don Enrique puede seguir
adelante en sus tareas de pacificar México, hacer actos a favor de las
víctimas de la guerra del becario en Harvard (Felipe Calderón), puede
seguir nombrando a sus cuates en una buena cantidad de posiciones
y llevar a cabo una nueva cruzada contra la pobreza, asunto enarbolado
desde hace varios sexenios; aunque fue Carlos Salinas de Gortari
(¡curioso!) quien ensayó el Programa Solidaridad para impresionar a los
pobres.
Pero no se crea que la multota o exigua remuneración fue aprobada. Y es que al estar a la cabeza electoral el señor ¡4 millones!
(salario que gana en un año), Leonardo Valdés, todo puede suceder. Es
cuestión de recordar que este individuo dijo, sin embozo, que los
pasados habían sido los comicios más transparentes e inobjetables en
nuestro país. Algo que desmiente esta investigación, aunque sea
incompleta.
Lo anotó muy bien en su comentario radiofónico alguien inobjetable, Jorge Alcocer. Señaló el director de la revista Voz y Voto:
de existir cualquier sospecha de ilícito, las autoridades electorales
deberían recurrir a la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, que no sirve para mucho y (añadidos míos), la
Procuraduría General de la República (en manos de Jesús Murillo Karam) o
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (conducida por Luis
Videgaray, el principal operador de Peña Nieto).
Estamos, nuevamente, en un caso donde
las transgresiones a las normas son peccata minuta. Únicamente en 2000,
el PRI, con Francisco Labastida, tuvo una ejemplar sanción por el
llamado Pemexgate, y Vicente Fox, el panista, otra menor por el
caso de los Amigos de Fox. En aquel entonces, el jefe del sindicato
petrolero era Carlos Romero Deschamps, hoy otra vez senador priísta, lo
que demuestra que la transa sí paga, y que no importando el descrédito
que se tenga en un momento dado.
A decir de la autoridad, una comisión
en donde están los consejeros Lorenzo Córdova, Alfredo Figueroa, Benito
Nacif y Sergio García Ramírez (quien se excusó de participar en la misma
porque tiene relaciones con algunas de las mencionadas empresas, aunque
luego reculó) ha dejado en claro que hubo una cantidad impresionante de
anuncios espectaculares, como a todos nos constó, y lo cual documentó
muy bien el periódico Reforma, desde abril de 2012. Por lo que debería de haber castigo.
Respecto a Monex, el PRI dice que los
50 millones de pesos erogados eran para su estructura partidista. En
tanto, los consejeros aseguraron que tal cantidad fue un gasto operativo
de campaña, cuestión que todos sabemos.
Así pues, no hay duda: hubo abusos en
la forma de presentar a un candidato, se hicieron triangulaciones
extrañas y existen quejas de panistas y perredistas, que en algunos
casos están sustentadas. Pero los consejeros del Instituto exoneraron al
PRI y al Partido Verde Ecologista de México del caso Monex.
Una muestra evidente de que el IFE no
sirve para los fines que se esperaban. Más bien, protege a quienes están
fuera de las normas. Algo tan común en México que ya no debería
sorprendernos. Pero sabemos que el descrédito de un país va minando no
sólo la democracia o las instituciones, sino todo aquello que tenga que
ver con la legalidad.
Véanse si no los recientes casos de
los generales que serán liberados por falta de pruebas (se les encarceló
por razones políticas). Y el de Florence Cassez, quien ya vive en
París, desde donde evidencia que en México la justicia es un arma
cargada de vicios.
Estos dos casos fueron a cuenta de Felipe Calderón.
¿Habrá empezado la era Peña Nieto?
*Periodista
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